El abogado penalista Miguel Valerio, representante legal de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, advirtió este miércoles que no aceptarán una conciliación en el proceso judicial contra Ángel Martínez e Ingrid Jorge (La Torita), al considerar que el perdón no es suficiente en este caso.
Valerio afirmó que el caso continúa en fase de investigación y que ya se dictó una medida de coerción. Agregó que el Ministerio Público cuenta con un plazo de seis meses para presentar la acusación formal.
Durante su participación en el programa Matutino Su Mundo, el jurista aclaró que si se contempla una salida alterna al proceso, esta tendría que realizarse bajo la figura de un procedimiento penal abreviado que conlleve una sanción efectiva. Rechazó la posibilidad de una simple disculpa, enfatizando que no es aceptable que una persona sea ofendida constantemente sin consecuencias legales.
Explicó además que este tipo de casos están clasificados como de acción pública a instancia privada, lo cual permite retirar la querella hasta antes del juicio de fondo. Sin embargo, insistió en que, aunque legalmente es posible, no se limitarán a aceptar un perdón como resolución.
Valerio también defendió el trabajo que realiza Raful desde su cargo, señalando que ha asumido una posición incómoda al intentar imponer orden en medio del caos, en especial frente a problemáticas como el ruido excesivo.
“Tú no puedes agarrar y ofender a diario a una persona y pensar que esa persona se va a quedar así”, apuntó.
Al reflexionar sobre la evolución del sistema judicial en el país, Valerio recordó que anteriormente se procesaban casi todos los delitos bajo cinco figuras penales básicas. A su juicio, hoy el derecho penal ha evolucionado, pero los delincuentes siguen buscando vacíos legales para evadir la ley.
Sobre el papel de los medios de comunicación, Valerio marcó una diferencia entre periodistas regulados y creadores de contenido digital, como los youtubers. Indicó que, mientras los primeros están sujetos a normativas que les obligan a rectificar o aclarar informaciones falsas, los segundos no se rigen por un marco regulatorio similar, lo que crea un vacío legal preocupante.
Advirtió que no se puede permitir que la libertad de expresión cruce la línea hacia el libertinaje. “. Antes a un periodista se le exigía aclarar o rectificarse; hoy cualquiera agarra un micrófono y una cámara, pero no se le puede dar a la libertad el espacio del libertinaje”, expresó.
El abogado reiteró que el caso no terminará con una disculpa, ya que lo consideran un asunto de repetidas ofensas que requieren una respuesta legal proporcional. Señaló que, aunque el texto de una retractación puede ser negociado, eso no sustituye el proceso judicial en curso.